LA GRAN REDADA

El próximo martes, 8 de abril, como todos los años desde 1971, se celebra el Día Internacional del Pueblo Gitano, establecido ese año en Londres, durante el primer Congreso Mundial gitano. En ese Congreso se adoptó la bandera gitana, formada por dos franjas horizontales, azul y verde, con una rueda roja en el centro, y el himno “Gelem, Gelem”.

La historia oficial, la que estudiamos y que se sigue estudiando en colegios e institutos, cuenta que los Reyes Católicos expulsaron a los judíos en 1492, y Felipe III expulsó a los moriscos en 1609. Sin embargo, nada dicen los libros de texto, ni la literatura, ni el cine, de que en España se mandó detener a todos los gitanos mediante una Real Orden de Fernando VI, firmada y ejecutada hace 276 años.

Conocida como la Gran Redada o Prisión general de gitanos, fue un intento de genocidio y uno de los episodios más oscuros de la historia de España, que se justificó por el gobierno español como una medida para combatir el vagabundeo, el robo y la delincuencia, que se atribuían a la población gitana. Sin embargo, la redada también tenía un claro componente de persecución y discriminación hacia los gitanos, ya que se les consideraba una “raza inferior”, y una amenaza para la sociedad española.

A las 12 de la noche del 30 de julio de 1749 comenzó una operación, secretamente proyectada por el consejero de Estado de Fernando VI, el marqués de la Ensenada, Zenón de Somodevilla, para sacar de sus casas por la fuerza, a todos los gitanos españoles, con la intención de separarlos por sexos y encerrarlos para evitar la reproducción de la raza. Entre 9.000 y 12.000 gitanos fueron encarcelados en toda España, de los cuales más del 60% eran andaluces.

Así, los soldados y funcionarios del Estado absolutista, fueron a casa de los gitanos a buscarlos para encarcelarlos. Por un lado, se encerraron a las mujeres y sus hijos e hijas menores de 7 años; por otro, a los hombres y los niños de más de 7 años. En Andalucía, que es donde más gitanos y gitanas se detuvieron, los hombres fueron recluidos y condenados a trabajo de esclavos en La Carraca de Cádiz, un astillero militar donde se reparaban y construían buques, situado en la localidad de San Fernando, y otros en las minas y canteras. Las mujeres, cargadas con sus hijos menores de 7 años, fueron trasladadas a hospicios y conventos.

Sin embargo, en Sevilla, un grupo de mujeres gitanas, se organizó y protagonizó un intento de rebelión. Estas mujeres, desesperadas por la separación de sus maridos e hijos, lograron romper las puertas de la prisión donde estaban encerradas. Se enfrentaron a los guardias, algunas armadas con lo que encontraron a su alcance (utensilios de cocina, palos, piedras). Lograron salir a la calle y comenzaron a correr por la ciudad buscando refugio o intentando liberar a otros gitanos.

La revuelta fue sofocada rápidamente por las autoridades. Fueron recapturadas y castigadas con mayor dureza. Pero su valentía quedó registrada en documentos de la época y es recordada como una muestra de resistencia ante la brutalidad de la Gran Redada.

Todos ellos, salvo los que murieron por las condiciones insalubres y la dureza de las condiciones y torturas, estuvieron recluidos 16 años. Sus bienes y propiedades fueron incautados y, posteriormente, subastados para sufragar los costes de la redada contra el pueblo gitano.

La Gran Redada no fue la primera persecución sufrida por los gitanos, pero sí la más cruenta. En 1499, los Reyes Católicos ya firmaron una primera orden de expulsión, que no se llevó a cabo. Desde 1499 hasta 1783, los gitanos españoles sufrieron más de 250 medidas persecutorias. Llegaron a tener restringidas las ciudades en las que podían vivir, los oficios que podían ejercer y el número máximo de familias que podían habitar en el mismo núcleo urbano.

“Los querían exterminar biológicamente”, afirma categórica María Sierra, catedrática de la Universidad de Sevilla e investigadora de este episodio negro de la Historia de España que, sin embargo, no forma parte de la historiografía oficial.

Según las previsiones del Consejo de Castilla para Andalucía, publicadas por la revista Andalucía en la Historia, que edita el Centro de Estudios Andaluces, en Sevilla había que detener a 230 familias, 177 en El Puerto de Santa María, 95 en Córdoba, 65 en Écija y 42 en Antequera.

La catedrática María Sierra indica que los detenidos no mostraron resistencia y que el único incidente reseñable tuvo lugar en el Convento de los Mínimos de El Puerto de Santa María, donde trece parejas de gitanos y gitanas se escondieron para evitar ser arrestados. El arzobispo de Sevilla exigió garantías de que no iban a ser castigados ni apresados, pero el 12 de agosto de 1749 fueron detenidos por los funcionarios enviados por la administración de Fernando VI.

El daño producido a la población gitana fue incalculable, sobre todo porque a quienes detuvieron fueron a los que más integrados estaban, a los que no eran nómadas y tenían domicilio fijo, de ahí que no pudieran apresar a toda la población gitana y no pudiera llevarse a cabo el plan de exterminio diseñado por Fernando VI. Se afirma que la Gran Redada provocó la ruptura traumática de los vínculos entre castellanos y gitanos, especialmente desde la perspectiva de estos últimos, que vieron traicionados sus esfuerzos de integración.

El coste de la operación, la incapacidad de exterminar al pueblo gitano y la presión de la Iglesia, provocó que en 1763 se firmara su libertad, aunque muchos de ellos no fueron libres hasta dos años más tarde, y se pusiera punto y final al episodio más negro contra los gitanos españoles que, inexplicablemente, es desconocido por la gran mayoría de la población y no se estudia en el sistema educativo.

Los gitanos detenidos por un lado y las gitanas detenidas por otro, estuvieron presos 16 años, hasta que en 1765 fueron indultados por Carlos III, el monarca ilustrado que inauguró una nueva política hacia el pueblo gitano, dando lugar a la Pragmática de 1773 en la que los gitanos fueron considerados aptos para cualquier trabajo.

“Es un racismo subliminal”, sentencia la catedrática María Sierra, historiadora a la que se le debe gran parte de todo lo investigado en Andalucía sobre el intento de exterminio contra el pueblo gitano. “La sociedad mayoritariamente no mira a los gitanos. No hay cine, no hay literatura. Ese silencio es la forma más persistente de no consideración de un grupo, de la persecución cultural”.

La última providencia persecutoria contra los gitanos, del año 1943, estuvo vigente hasta la entrada en vigor de la Constitución de 1978. Actualmente, 500.000 gitanos viven en España, de los cuales 300.000 son andaluces.

En la localidad barcelonesa de Pineda del Mar y en Alicante hay sendas placas que recuerdan el intento de genocidio contra el pueblo gitano ocurrido hace 276 años. De momento, son las únicas ciudades españolas donde se ha sacado del armario tan triste y cruento episodio.

Afortunadamente, el pueblo gitano va conquistando espacios de visibilidad, normalización e integración a pesar de las toneladas industriales de gitanofobia que ha sufrido y sufre por ser diferente y cuestionar la uniformidad cultural de los regímenes centralistas.

José Antonio Parra Tomás